Ecuador consagra el “derecho a la comunicación”
por Ernesto Carmona
Los grandes medios transnacionales y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aúllan de dolor porque Ecuador debate una ley que regulará el derecho a la comunicación establecido en la nueva Constitución. El Grupo de Diarios de América (GDA) difundió en todos los grandes diarios de la región que “el periodismo latinoamericano hoy está atravesando uno de sus momentos más complejos”.
El GDA y El Mercurio de Chile aseguran que “eso no guarda relación con la crisis económica mundial ni con el debate sobre el acceso a los diarios en Internet” sino que la “amenaza en este momento proviene -en su mayoría- de leyes restrictivas impulsadas por diferentes gobiernos, con el objetivo de levantar barreras a la libertad de expresión y a la labor fiscalizadora que los medios ejercen sobre los poderes públicos”.
La alusión atañe a Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyos poderes públicos recientemente han legislado sobre el rol que deben desempeñar los medios, particularmente los audiovisuales que se apropiaron y lucran del espectro radioeléctrico, un bien público como el agua y los recursos naturales, que debieran pertenecer a todos los ciudadanos. Está claro que lo que es “bueno” para la SIP, CNN, el diario El País, el GDA y todos los grandes medios que se apropiaron en exclusiva del “derecho a informar” no es bueno para los pueblos ni el derecho ciudadano a estar oportuna y verazmente informado.
El proyecto de Ley de Comunicación de Ecuador fue redactado por la Comisión Ocasional de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, en un impecable procedimiento democrático. El texto será debatido por el pleno de la Asamblea el próximo 10 de diciembre. Las observaciones que surjan en este primer debate deberán ser incorporadas por la Comisión para un segundo debate y votación que, al parecer, se realizará en febrero del próximo año.
Hace más de medio siglo, un Presidente de Ecuador se quejó que en su país existía una “prensa venal y corrupta”. Y sus dichos hoy conservan plena vigencia, no sólo en su país sino prácticamente en todas las naciones de la región e incluso en el “primer mundo”. El Dr. José María Velasco Ibarra fue elegido Presidente en cinco ocasiones (1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961 y 1968-1972). Y aún siendo un político de derecha creía tan poco en los medios que solía decir “Dadme un balcón y seré Presidente”. El Presidente Rafael Correa también ha coincidido en quejarse de los excesos de "una prensa mediocre", "corrupta" o "malintencionada". Y no es el único en América Latina. Por suerte…
Argentina: La gran prensa combate la democratización de la radiodifusión
por Ernesto Carmona
Los grandes medios critican que el Senado argentino debata democráticamente una ley de radiodifusión –se llama Servicios de Comunicación Audiovisual– que sustituye una norma de la dictadura (1976-1983), el decreto ley 22.285/80.
El proyecto del Ejecutivo -ya aprobado en Diputados- no atañe a la prensa escrita, sino a la explotación privada del espectro radioeléctrico, universalmente considerado un bien público, normado por la UNESCO y regulado por el Estado de cada país, incluido EEUU. Pero la iniciativa del gobierno de Cristina Fernández concita el ataque furioso de los grandes diarios que invocan la “libertad de expresión”, máscara favorita de los monopolios privados que controlan el negocio de la información pública, en Argentina y prácticamente todo el mundo. Igual que cuando Venezuela democratizó su espectro radioeléctrico (ley Resorte).
La dictadura duró 7 años, hasta 1983, pero su decreto de radiodifusión tiene 29 años. Desde 1983 -26 años- hubo unos 70 proyectos de modificación que no prosperaron en el Congreso por presión de los grupos de poder. En más de ¼ de siglo no sólo no fue reemplazado el decreto de la dictadura, sino que fue modificado por más de 200 decretos del Poder Ejecutivo, sobre todo en los ’90, la década de Carlos Menem. Esas modificaciones, que “legitimaron” la norma de la dictadura, fortalecieron a los grupos –con Clarín a la cabeza- que ampliaron su protagonismo empresarial a la radio, el cable y la televisión. El resultado ha sido una legislación engendrada por dos regímenes nefastos: la dictadura y el neoliberalismo de Menem.
El campeón contra la ley es el grupo Clarín, que posee el diario homónimo más televisión, cable y radios. Entre los grupos extranjeros que abogan por el decreto de la dictadura, en vez de una ley de curso democrático, descuella el diario español El País, que pertenece al grupo Prisa. Y no es casual: Prisa tiene 10 licencias de radio en Argentina.
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